La mina de Cerredo no tenía licencia municipal cuando se produjo el accidente mortal de cinco leoneses

Salen a luz nuevos detalles sobre el accidente minero que se cobró la vida de cinco trabajadores leoneses el 31 de marzo en la mina asturiana de Cerredo, en el municipio de Degaña, propiedad de un grupo familiar liderado por Jesús Rodríguez Morán 'Chus Mirantes'.

En el foco de la investigación que intentará esclarecer lo sucedido la trágica mañana en la que Laciana y El Bierzo lloraban la muerte de sus paisanos en el último accidente minero con fallecidos en España, el estado de las licencias y el trabajo que realmente se realizaba en el interior de la mina.

Según avanza el diario El Comercio, la empresa habría empezado a trabajar sin tener todos los permisos en regla ya que, mientras el Principado autorizó los trabajos tras recibir la documentación el Servicio de Minas, el Ayuntamiento de Degaña encontró en el mismo documento faltas que obligaban a rechazar la autorización.

Fue en 2021 cuando el grupo familiar se hacía con la mina de Degaña, incluyendo terreno, instalaciones y material a través de su sociedad Combayl en una subasta para liquidar la Compañía Minera Astur Leonesa. Si bien el el documento de compra se contemplan los anteriores items citados, no se registra que ninguna licencia vaya asociada, por lo que los nuevos propietarios debían comenzar a solicitar permisos para trabajar en Cerredo.

Primero el Principado tenía que reconocer la transmisión de los derechos mineros y luego la empresa debía presentar un proyecto sobre los trabajos que quería acometer. Además, debía informar al Ayuntamiento de Degaña sobre qué actividad iban a realizar así como informar de que era el nuevo propietario de la mina.

En noviembre de 2021, según explica El Comercio, la empresa ya contrató personal, trajo maquinaria y, a inicios de 2022, camiones ya salían con carbón de los acopios dejados en el exterior por el anterior propietario. En abril de 2022 el Principado reconoce que Combayl es la nueva propietaria y recuerda que está en proceso de una restauración ambiental diseñada para reverdecer todo el complejo, y pide a la empresa que detalle en qué consiste.

Es en mayo de ese mismo año cuando Combayl pide al Ayuntamiento de Degaña la licencia de actividad y presenta un proyecto de seis folios sin referencias catrastales ni fotos para explicar que quiere retirar acopios de carbón de cinco zonas de exterior que suman 6.300 toneladas. El 8 de junio presenta la misma documentación al Servicio de Minas.

Desde el Ayuntamiento de Degaña no aprueban el documento porque en un caso de esta envergadura el proyecto y la memoria deben contar «con la debida extensión y detalle de las características de la actividad». Según el técnico municipal, la documentación presentada «adolece de los detalles técnicos que son exigible, como son las características de la actividad, posible repercusión sobre la sanidad ambiental y sistemas correctores que habrán de utilizarse, con expresión de su grado de eficacia y garantía de seguridad». Así, pide a Combayl que presente un nuevo proyecto detallando todo lo anterior, con planos y más datos.

En septiembre se notifica esta decisión a la empresa y esta no responde al requerimiento. Según la información de El Comercio, ni Combayl ni su empresa asociada Blue Solving habrían liquidado tasa municipal alguna. Así, se deduce que en Cerredo se trabajaba sin contar con una licencia imprescindible cuyo objetivo es «verificar que reúne las condiciones de seguridad y salubridad» y que es obligación de toda empresa.

Por su parte, el Principado a través de Minas sí dio el visto bueno al mismo informe presentado que el Ayuntamiento rechazó.

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