El TSJ anula las nuevas tasas ‘sociales’ de agua y destapa «las triquiñuelas» de Aguas de León

Se trata de la segunda sentencia por la que el TSJ anula esta nueva tasa al entender que no existe justificación para la fijación de dicho importe, entendiendo que los informes técnicos son “insuficientes y erróneos”, siempre considerado “desorbitado” ese montante, con independencia de que “se haga un café para todos”.

“Los precios están realmente engordados”, ha señalado Miguel Ángel Sánchez Fraile, gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de León, que este miércoles han dado a conocer la sentencia fruto de la campaña legal que emprendieron contra la aplicación de esta nueva tasa.

Pero la sentencia va más allá y advierte que la tasa vulnera el principio de equivalencia y provocación de costes por pretender cobrar un servicio por adelantado o que nunca se va a prestar. “Creamos una tasa para conservar y crear contadores siendo Aguas de León el que decide qué contadores pone, con qué calidades y durante cuánto tiempo durarán esos contadores. Pero la realidad es que el ciudadano no sabe cuándo le cambian el contador y si realmente llegan a ofrecer ese servicio”.

Además, niega que esta nueva tasa pueda considerarse de “social” cuando se trata de un “artificio contable” con el que se busca que sean los contribuyentes los que hagan frente a la devolución de los 25 millones de canon que en su día puso Aquagest –hoy Aquona-, copartícipe en un 49% de la sociedad mixta.

“No podemos permitir que se pretenda vender que esta tasa tenga un carácter social y así lo remarca el TSJCyL. Pretenden convencer a la ciudadanía de que Aguas de León viene a hacernos un favor cuando pagamos una tasa sin recibir el servicio”.

Una práctica que el TSJCyL califica de “vicio de desviación de poder”, es decir, el intento del Ayuntamiento de León de utilizar sus potestades administrativas para alcanzar unos fines distintos a los previstos en el ordenamiento jurídico.

“Aquona entregó 25 millones que el Ayuntamiento gastó en no sabemos qué pero no en el servicio de agua”, señaló Sánchez Fraile, que remarca que uso de ese millón de euros que anualmente debe pagar Aguas de León para calcular la cuantía de esa tasa de reciente ceración.

Todo ello, continuaron desde la Cámara de la Propiedad Urbana, a pesar de que el Tribunal Supremo en la sentencia por la que anuló esa tasa en mayo de 2017 hizo instar que la devolución de ese millón de euros no podía realizarse a cargo de los contribuyentes, que deben pagar el coste del servicio exclusivamente.

A ello hay que sumar el beneficio que está obteniendo Aguas de León desde la aplicación de esta nueva tasa que, por ejemplo, en el año 2015 se tradujo en 570.000 euros. “Si Aguas de León tiene por objeto prestar el servicio, no casa con obtener unos beneficios de ese calibre. Estamos pagando de más. A mayores de pagar ese millón de euros la sociedad mixta está obteniendo beneficios”, concluyó Sánchez Fraile, que estuvo acompañado por el letrado Juan López Contreras.

Una sentencia que, sin embargo, no tendrá carácter retroactivo. De ahí el primer problema que obliga a cada ciudadano a impugnar trimestralmente su recibido del agua en el plazo máximo de un mes. El segundo está, remarcaron, en la sensación del peso soportado por cada ciudadano es bajo – en torno a 1,43 euros al trimestre, pero que entre todos se ha traducido en ingresos adicionales del millón de euros desde el 2010 y beneficios superiores al medio millón desde 2015.

En cualquier caso, desde la Cámara de la Propiedad Urbana se han mostrado satisfechos por el resultado y han confiado en que sirva para poner punto y final a lo que han calificado de “triquiñuelas”. “No hay derecho. El Ayuntamiento es la administración más cercana al ciudadano y no puede defraudar nuestra confianza”, remarcaron desde la Cámara de la Propiedad, que confiaron en que se controle a Aguas de León y se revisen los beneficios que se han obtenido.

Sentencia contra la que cabe recurso pero que, según remarcó Sánchez Fraile, tiene pocas posibilidades de prosperar. “Creo que la contundencia y la claridad de los argumentos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León difícilmente van a cambiar el sentido y contenido de la sentencia del Supremo en caso de que Aguas de León decida recurrir”, señaló Sánchez Fraile, que confío en que recapaciten y reconsideren la gestión del agua en la ciudad.