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A. Cubillas
Jueves, 7 de abril 2016, 18:05
La crisis espanta a la inmigración. La dificultad de encontrar trabajo ha llevado a muchos que un día vieron España como un país para afincarse a hacer las maletas sin mirar atrás. Y León no es una excepción. De hecho, en apenas cinco años la ... provincia ha perdido cerca del 9% de su población inmigrante, al pasar de 25.000 a los 22.900 personas inmigrantes que residen en la actualidad en León.
De forma predominante, los inmigrantes que llegan a León proceden de países como Rumanía, Bulgaria, Marruecos o República Dominicana, viven en el medio rural pero en núcleos de población mediano y apenas existen hogares monoparentales, siendo en su mayoría personas jóvenes.
Trabajadores que en su mayoría están sujetos a contratos temporales, con sueldos ampliamente por debajo de los nacidos en España. Así lo han denunciado este jueves desde CCOO en base a un informe titulado 'La población castellano y leonesa de origen extranjero: una perspectiva sindical', en el que se refleja la importa brecha salarial que existe entre este colectivos, siendo la población extracomunitaria es la que más afectada está por el desempleo.
En cualquier caso, la tasa de actividad entre la población inmigrantes que reside en la provincia se sitúa en el 71,8%, 18 puntos por encima que el de la población española aunque sólo el 13% de inmigrantes cobran prestaciones sociales.
Son algunas pinceladas de la realidad laboral de la población de origen extranjero para los que CCOO se ha convertido en un centro de referencia, con 740 usuarios que generaron unas 4.200 consultas durante el año anterior.
Ahora, el objetivo es continuar con la labor desarrollada hasta ahora, adaptándola a la normativa actual y haciendo especial hincapié en la renovación de permisos, la nacionalidad o las reagrupaciones familiares.
Precisamente en el segundo de estos aspectos es uno de los que más se incidirá ante el cambio de normativa que obliga a cualquier persona que quiera la nacionalidad a hacer un examen para conseguirlo. Además, desde CCOO se lamentó que un colectivo tan castigado tenga que abonar una cuantía elevada, que ronda los 400 euros, para solicitar la nacionalidad mediante trámites que, además, son en su mayoría telemáticos.
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