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A. Cubillas
Domingo, 17 de abril 2016, 13:58
El Ministerio Fiscal ha presentado en el juzgado de guardia una querella contra Fermín Guerrero por un delito de obstrucción a la justicia por su incomparecencia a la vista del pasado 27 de enero del juicio por el crimen de la dirigente política Isabel Carrasco.
Emilio Fernández remarca que el letrado de la agente Raquel Gago dejó voluntariamente de comparecer, sin justa causa, ante un juzgado o tribunal en proceso criminal con reo en prisión provisional, provocando la suspensión del juicio oral.
Un delito que, conforme al artículo 463 del Código Penal, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 24 meses, la mitad superior y la inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio de entre dos a cuatro año en caso de que el responsable sea un abogado, procurador o representante del Ministerio Fiscal, como atañe este caso.
Requisitos que, según ha señalado a este diario el fiscal, cumple la ausencia de Fermín Guerrero de la que, según recuerda, aún no ha visto ningún documento en el que el letrado exponga una explicación de por qué no compareció en la Audiencia Provincial y estuvo desaparecido durante 20 horas.
La imposibilidad de contactar con Fermín Guerrero el 27 de enero desató una gran alarma que obligó a la Policía Nacional a activar un plan de búsqueda. Los agentes registraron la casa de Raquel Gago donde se hospedaba y rastrearon palmo a palmo la ciudad. Finalemtente, fue localizado por una pareja de agentes locales en una céntrica calle de León, desorientado y alegando motivos «ajenos a su voluntad».
A partir de ahí se desataron las especulaciones y el silencio del propio letrado no hacía más que aumentar el misterio que aún hoy rodea su desaparición.
«Las cosas privadas hay que reservarlas por la intimidad, porque se desconozca o simplemente porque no procede», remarcó Guerrero, que siempre ha dejado entrever que su ausencia estuviera motivada por un problema de salud.
A pesar de la solicitud del fiscal de deducción de testimonio y la apertura de una investigación, el magistrado presidente del juicio se limitó a interponer una multa de 1.000 euros al letrado.
Actuación «incorrecta»
Durante la celebración del juicio, Fernández solicitó tanto la deducción de testimonio como la apertura de una causa aparte. Sin embargo, el magistrado presidente, Carlos Álvarez, optó por abrir un expediente disciplinario que derivó en una multa de 1.000 euros.
Multa que, a juicio del fiscal, denota que la justificación que presentó al juez, no debió de ser suficiente «porque aun así le exige el pago de 1.000 euros». Justificación que nunca ha llegado a manos del fiscal porque «son datos personales», según le trasladó en su día el magistrado-presidente.
Sin embargo, el fiscal insiste en que los hechos de Fermín Guerrero son constitutivos de un delito y que es necesario que el letrado presente una justificación. «No es nada personal, tan sólo creo que no tuvo una actuación correcta y que nos debe a todos una justificación que debe ser una justa causa como establece el código penal».
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