Hacienda incluye en esa organización a "autoridades públicas de Castilla y León, las empresas eléctricas que iban a hacer la instalación y explotación de los parques, los intermediarios promotores de los parques eólicos que obtuvieron las autorizaciones administrativas precisas y las sociedades propiedad de los empresarios locales que, sin motivos económicos válidos, recibieron las transferencias de fondos o de acciones por importe superior a 110 millones de euros".
El informe detalla siete operaciones en las que las eléctricas terminan pagando a empresarios locales o altos cargos estas cantidades directamente o mediante la transmisión de acciones en sociedades creadas para la explotación de los parques y sin que se produzca ninguna contraprestación o actuación concreta.
Capital inicial
La conclusión es que las eléctricas transfieren las acciones de las sociedad creadas de tal forma que "se multiplica por cientos de veces, incluso miles, el capital inicialmente aportado, sin que en la mayoría de los casos hayan llegado a instalarse los aerogeneradores para la producción de energía".
La Agencia Tributaria ha detectado que entre los beneficiarios hay personas que entonces ocupaban cargos de responsabilidad en la Consejería de Economía de Castilla y León, que autorizaba los parques.
Comparencia de Villanueva
El consejero de Economía, Tomás Villanueva, ha solicitado su comparencia ante la Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León para informar sobre la política del Gobierno autonómico en materia de autorizaciones de parques eólicos en la Comunidad, según ha informado a la agencia Ical el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago.
Asimismo, el Gobierno regional ha decidido enviar de forma urgente a la Fiscalía Anticorrupción de los expedientes de autorización que se citan en la información de El País que hace referencia al presunto pago de comisiones por las autorizaciones de parques eólicos, según indicó José Antonio de Santiago que, en su condición de consejero de la Presidencia es también el responsable de las relaciones del Ejecutivo con el Parlamento autonómico y el responsable político de la Asesoría Jurídica de la Junta.