Viernes 03 de septiembre de 2010
31/03/2009
De las 13 zonas en que se ha dividido Castilla y León a los efectos del control de la contaminación atmosférica, en las 12 no rurales se ha rebasado algún nivel de seguridad. Se trata de las zonas de Burgos, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, León, Ponferrada, La Robla, Palencia, Guardo, Salamanca, Valladolid y la zona de núcleos medianos (municipios de Ávila, Segovia, Zamora y Medina del Campo). En conjunto, al menos uno de cada dos castellanos y leoneses ha respirado durante el 2008 aire nocivo para su salud.
Los contaminantes más problemáticos son el dióxido de azufre en el entorno de las grandes centrales térmicas de carbón de la región (incluidas las ciudades de León y Ponferrada), el dióxido de nitrógeno en León y Valladolid, y las partículas y el ozono en todas las zonas muestreadas. El dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno son gases corrosivos relacionados con afecciones respiratorias, mientras la exposición a las partículas y el ozono es la principal causa de mortalidad ambiental en España y Europa, originando y agravando enfermedades respiratorias y cardiovasculares, entre otras patologías.
También, durante el 2008 se ha producido una disminución de las emisiones por dióxido de azufre en el entorno de las centrales térmicas leonesas de Compostilla y La Robla, tras la reducción de la producción eléctrica. También se han reducido los incumplimientos de los límites de ozono, y los de partículas, por el progresivo cambio de localización en los últimos años de estaciones urbanas como Burgos, León, Ponferrada, Salamanca o Valladolid.
Los valores límite se definen como “un nivel que no debe superarse fijado basándose en conocimientos científicos, con el fin de evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana y para el medio ambiente en su conjunto”. Desde Ecologistas en Acción denuncian que, hasta la fecha, la Junta no ha aprobado ningún Plan, una vez que se han sometido a información pública los de La Robla y Miranda de Ebro. Además, aseguran que es "dudosa" la eficacia de los ya aprobados en el 2006 por los ayuntamientos de Burgos, León y Valladolid.
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