La Comisión Europea ha demandado finalmente al Estado español ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por autorizar explotaciones de carbón a cielo abierto sin tener en cuenta las posibles incidencias en especies protegidas como el oso pardo o el urogallo.

La demanda hace referencia en exclusiva a varias minas exteriores de la comarca leonesa de Laciana, pero la sentencia puede tener importantes repercusiones para toda la minería privada española, puesto que su viabilidad económica se apoya, en la mayoría de los casos, en la explotación de cortas a cielo abierto para compensar los costes de la minería subterránea.

El pasado 16 de enero, el «Diario Oficial de la Unión Europea» publicaba el recurso interpuesto por la Comisión de las Comunidades Europeas contra España. En él se señala que la Comisión tuvo conocimiento de la existencia de varias explotaciones de carbón a cielo abierto, promovidas por la empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), susceptibles de afectar los valores naturales del espacio propuesto como LIC (lugar de interés comunitario) «Alto Sil».

 Se abrió entonces una investigación y la Comisión comprobó no sólo la existencia simultánea de varias minas a cielo abierto en la zona, sino también que la actividad iba a continuar a través de nuevas explotaciones autorizadas o en vías de serlo, según informa lne.es. La relación es larga: minas de Fonfría, Nueva Julia, Los Ladrones, Feixolín, ampliación de Feixolín y Salguero-Prégame-Valdesegadas, todas ellas en Villablino e impulsadas por la MSP, compañía del empresario leonés Victorino Alonso, presidente de la patronal Carbunión.