Castilla y León
CASTILLA Y LEÓN
El programa 'antidesahucios' desde la Junta consigue salvar a 3.251 familias
La mediación con los bancos logra la dación en pago y la quita de la deuda en más de cien casos / La mitad de las familias atendidas están en municipios periféricos
M.J. Pascual
03/03/2015 (18:41 horas)
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Al menos 9.000 personas en situación de extrema necesidad han recibido un balón de oxígeno de la Junta de Castilla y León para sortear lo peor de la crisis y, sobre todo, para seguir teniendo un techo sobre sus cabezas. Desde que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se pusiera manos a la obra en noviembre de 2012, la cada vez más conocida red ‘antidesahucios’, oficialmente denominada Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio ha atendido hasta el pasado 31 de enero a 3.251 familias, la mayoría de ellas con una media de tres miembros y con más que severos problemas para hacer frente a sus facturas.

"El 91% de estos casos", saca pecho la consejera, Milagros Marcos, "se han resuelto con éxito y de la forma en que ellos querían; el otro 10%, que no ha llegado a un acuerdo con los bancos, no quiere decir que se hayan quedado en la calle; por lo general, se les facilita el pago de un alquiler o se habilitan otros recursos con el fin de que puedan subsistir".

Cambio de modelo

Este programa, que es la punta del iceberg de un verdadero cambio en el modelo asistencial de Castilla y León, ya está obteniendo resultados, pues ha logrado frenar muchos lanzamientos judiciales, pero además empieza a tener reconocimiento dentro y fuera de España: ha sido premiado por la ONU a la Mejor Práctica en el Concurso Internacional de Buenas Prácticas, en la décima edición de Dubái 2014.

¿El secreto? El trabajo multidisciplinar y descentralizado, en red, y la conexión fluida para organizar y sacar partido a todos los recursos asistenciales existentes, no solo entre las propias consejerías de la Junta, sino con otras administraciones públicas, desde las Corporaciones locales (ayuntamientos y diputaciones) hasta el Poder Judicial, con el que desde hace unos meses se ha firmado un convenio para que se puedan cruzar los expedientes de las familias con problemas económicos para evitar lo que en el argot judicial son ejecuciones hipotecarias y lanzamientos. Por supuesto, con la implicación de las organizaciones no gubernamentales, y una tercera pata, las entidades financieras, que eran apenas diez hace dos años, cuando presentó el plan el presidente Juan Vicente Herrera, y que poco a poco se han ido sumando a la red de asistencia y ahora son 46. "No solo son bancos y cajas de ahorro; también hay sociedades de préstamo y otro tipo de acreedores", señaló Marcos.

Porque es más difícil paralizar un desahucio cuando ya está en marcha la maquinaria judicial. Por ello se insiste tanto desde la Junta en que, cuando se empiezan a tener dificultades para pagar la letra del piso, se llame al 012. Es el número que abre la puerta del servicio y conecta con las 30 oficinas habilitadas en Corporaciones locales donde se presta asesoramiento y se realiza un análisis pormenorizado de la unidad familiar desde la óptica económica y social.

Al 21,5% de esas 3.251 familias, es decir, en 700 casos, se les diseñó un plan de economía familiar ‘a la carta’ para ayudarles a sanear sus cuentas. Reaccionar antes de que el asunto llegue al juzgado está permitiendo frenar los desahucios y reconducir estas economías familiares en picado "con discreción y eficacia", al detectar los técnicos de la red otras necesidades, más allá del no poder pagar la letra.

De hecho, se han implementado recursos en 1.579 casos, con otros servicios, para 789 familias. De esta forma, a 422 usuarios se les ha gestionado la Renta Garantizada de Ciudadanía; en 433 casos se necesitó la intervención de los profesionales de los Centros de Acción Social (Ceas); 173 recibieron apoyo de la oficina de empleo, y 310 necesitaron orientación hacia el servicio de justicia gratuita.

En 158 casos, la atención a estas familias se completó a través de programas que la Junta mantiene con organizaciones y entidades del Tercer Sector, como Cáritas o Cruz Roja; otros 42 casos necesitaron la ayuda de los centros de salud y 41 se orientaron, además, a los servicios de vivienda, tanto de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente como a servicios municipales con esta competencia.

Hasta 3.251 familias han recibido ayuda de la Junta por desahucios.

Interlocución

En 1.098 casos el trabajo realizado por los profesionales de las Corporaciones locales destinados en la treintena de oficinas del servicio ‘antidesahucios’ para aclarar las cuentas de estas familias ha permitido resolver su situación sin necesidad de una interlocución con las entidades financieras. Pero ello sí ha sido necesario en 922 casos, de manera que la oficina central de la Consejería de Familia ha realizado mediaciones con las entidades con las que el deudor tenía suscrita la hipoteca, y en todos estos casos la situación se ha solucionado. Por lo general, los afectados han optado por la reestructuración de la deuda, una solución adoptada por el 57% de las familias (526); en 103 casos (11,2%) se ha conseguido la dación en pago de la vivienda con la quita de la deuda; y en el 17,5% de los casos, 161 familias, se alcanzaron acuerdos de no lanzamiento de la vivienda.

En los 207 casos en los que no fue posible un acuerdo tras la mediación entre el interlocutor de la Consejería y el del banco –uno por cada entidad que opera en Castilla y León y que forma parte del programa– se buscó a las familias una alternativa aprovechando los recursos de la red, bien a través de la Renta Garantizada, las ayudas de emergencia, los programas de intervención familiar o se les dirigió a los programas de empleo. "El objetivo es que quien esté en el programa no se quede sin techo; si no puede recuperar su vivienda, se les paga una ayuda de emergencia, alquiler más alimentos. Al final estamos hablando de situaciones muy extremas y de necesidades básicas: vivienda y alimentación", puntualiza, "y de estar pendientes de cada caso, con nombres y apellidos".

Pero si hay un dato que destaca Milagros Marcos es el porcentaje de familias que en principio acudieron a la interlocución pero que luego no fue necesaria esta herramienta porque mejoró su situación, generalmente porque alguno de sus miembros encontró trabajo y pudo hacer frente a los pagos de la hipoteca. Ello ha ocurrido en el 14,3% de los casos, con lo que 132 familias pudieron respirar. Este indicador esperanzador ha comenzado a detectarse en la red, explicó la titular de la Consejería, hace apenas tres meses, y lo interpreta como "un síntoma de recuperación, se va detectando una mejoría económica; al igual que el número de ejecuciones hipotecarias ha caído en los últimos meses, como denota la estadística del Consejo General del Poder Judicial".

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