"El consejo de administración de Caja España Duero ha aprobado por unanimidad estudiar la posibilidad de la revocación del acuerdo bilateral de prejubilación de Francisco Fernández Alvarez. Cuando se disponga de la información correspondiente se convocará una nueva reunión del  consejo de administración".

Con este escueto comunicado la entidad financiera Caja España Duero ha dado a conocer la determinación tomada este jueves por el consejo de administración de la entidad y en la que se admite la posibilidad de dar "un paso atrás" en el acuerdo de prejubilación con Francisco Fernández, que conllevada un pacto entre las partes con una indemnización de 520.000 euros a favor del ex alcalde de León.

El acuerdo de revisar el acuerdo se ha tomado después de más de cuatro horas de reunión del órgano de gobierno de la entidad, en su mayoría destinadas a estudiar y discutir abierta y 'acaloradamente' sobre si la indemnización percibida por Francisco Fernández se encuentra, o no, dentro de la legalidad.

La dirección de Caja España Duero, en base a un informe de los servicios jurídicos de la entidad, ha detallado ante los consejeros la "legalidad" y los pormenores del acuerdo entre la entidad y el ex alcalde de León, informe que ha sido abierta y reiteradamente cuestionado.

El acuerdo, en todo caso, fue pactado de forma paralela al ERE según se ha puesto de manifiesto en el consejo, pero para la dirección de la entidad se hizo respetando los procedimientos establecidos "en este tipo de ocasiones". Según la dirección, "no es la primera ocasión, ni la última" en la que se ha actuado con un procedimiento directo similar.

Francisco Fernández y Miguel Ángel Álvarez, acercándose hacia el edificio Botines. (Foto: Peio García)

"Informes favorables"

La jubilación del consejero por su cese como miembro de la plantilla y que conlleva una indemnización de 520.000 euros ha contado, según se ha advertido en el consejo, "con todos los informes favorables".

El acuerdo pactado entre las partes supondría a la entidad financiera un ahorro, según fuentes de la entidad, de casi 40.000 euros al año por lo que el pacto se da por beneficioso para la entidad tras contar con la conformidad del propio trabajador.

En Caja España Duero hay un centenar de trabajadores con el nivel alcanzado por Francisco Fernández y para su jubilación fue precisa la firma del presidente Evaristo del Canto y el director general (José María de la Vega), quienes han reafirmado la legalidad de la acción realizada.

Así, a juicio de la dirección, "nada hay que esconder" en este caso que según se ha advertido en el maratoniano consejo ha contado con un procedimiento que habría sido "trasparente" en todos sus puntos.

Un grupo de consejeros, a su llegada al edificio Botines. (Foto: Peio García)

Carrasco y el consejo monográfico

Sin embargo la explicación de la dirección no ha gustado a parte de los consejeros. Especialmente a Isabel Carrasco quien este jueves ha pedido "que se lleve el caso al Banco de España" y que sea "el supervisor" quien dictamine "sobre este abuso".

Sus palabras no han gustado a parte del consejo aunque sí han contado con el respaldo de una parte de la representación sindical. "Si es legal que se aplique a todos los trabajadores en su situación", se ha repetido en más de una ocasión.

Para otros consejeros el asunto se enmarca "dentro de la relación entre un trabajador y su empresa y el informe jurídico así lo dictamina" por lo que todo lo que estaba sucediendo tenía como trasfondo "una lucha política".

Así en medio de importantes discrepancias que han hecho que el propio presidente "llamara al orden" al consejo por el tono de algunas de las afirmaciones, todo ello antes de que se asumiera -a petición de una de las partes- la convocatoria extraordinaria de un consejo monográfico para analizar "la cuestión". La convocatoria se ha solicitado a petición de la mayoría de consejeros y aprobada a continuación.

Que se analicen los "excesos" de Carrasco

Pero en el consejo ha habido voces críticas para todos. También para Isabel Carrasco. La presidenta del PP leonés está bajo sospecha desde hace meses, justo cuando se conoció que viajando en su vehículo oficial ingresaba en su cuenta personal de Caja España los kilometrajes de sus desplazamientos.

De ahí que también este jueves la parte sindical le haya pedido a la también presidente de la Diputación que aclare su situación y su comportamiento. Es más, se le ha advertido que si el decoro debe primar en el "asunto" de Francisco Fernández también debe primar en su comportamiento.

Por ello se ha pedido que se estudien "sus excesos" para ver si también en su caso ha habido ilegalidades.

María Orgaz (CCOO), a la entrada del Consejo, que se respete la legalidad. (Foto: Peio García)