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NACIONAL
Consuelo Madrigal será la nueva fiscal general del Estado
El Consejo de Ministros aprueba hoy la propuesta del ministerio de Justicia y cierra la crisis abierta tras la dimisión de Eduardo Torres-Dulce
Consuelo Madrigal, con Gonzalo Moliner.
Consuelo Madrigal, con Gonzalo Moliner.
Nuria Vega
19/12/2014 (12:46 horas)
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El Consejo de Ministros estudia la propuesta que el titular de Justicia, según fuentes gubernamentales, ha puesto sobre la mesa. Consuelo Madrigal es la persona elegida por el Ejecutivo para sustituir a Eduardo Torres-Dulce al frente del Ministerio Público. Es fiscal de la Sala Coordinadora de Menores y cumple todos los requisitos que el cargo exige. Ingresó en la carrera hace más de 30 años y se hizo con el puesto que ocupa en la actualidad en el año 2007. En cualquier caso, será la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien confirme el nombre en la rueda de prensa tras la reunión del Gobierno.

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Es la primera vez en la historia de la democracia que una mujer podría hacerse con la Fiscalía. Y la oportunidad llega tras la marcha "por motivos personales" de Torres-Dulce, que en los últimos meses había dejado entrever sus desavenencias con el Ejecutivo de Mariano Rajoy en la lucha contra la corrupción y en la estrategia frente a la consulta catalana del 9-N.

Tras la propuesta del Ejecutivo, el Consejo General del Poder Judicial tendrá que emitir una valoración antes de que el Gobierno comunique su elección al Congreso de los Diputados. Fuentes parlamentarias barajan el 8 de enero como fecha para examinar a la candidata en la comisión de Justicia. Por último, será el informe de idoneidad de la cámara baja el que permita que la futura fiscal jure o prometa el cargo ante el Rey y tome posesión en el Tribunal Supremo.

El Gobierno zanja así la crisis desatada, aunque no acalla las críticas de la oposición que acusa a Mariano Rajoy de haber presionado a Torres-Dulce con el objetivo de marcar sus actuaciones. Los grupos solicitan al presidente explicaciones y el PSOE registró ayer una petición de comparecencia inmediata. Desde el PP se niegan injerencias, aunque dirigentes del partido defienden, eso sí, el derecho que tiene el Ejecutivo a trasladar sus "opiniones" al fiscal general del Estado cuando lo considere oportuno. 

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