Viernes 03 de septiembre de 2010
06/09/2009
Para Cándido Méndez, en España hay cientos de pequeñas empresas que “sólo son intensivas en mano de obra, no aportan tecnología, desprecian la formación y tienen poca estabilidad”, algo debido a la existencia de “abusos empresariales” en relación con el empleo de la contratación temporal, ya que son muchos los trabajadores que “se tienen que emplear con un contrato fijo y se encadenan los temporales”, en lo que calificó como una situación “absurda” en España.
Cándido Méndez, durante su intervención. (Foto: Peio García)
El secretario general de UGT denunció que en España es “mucho más fácil” despedir a un trabajador fijo que en otros países como Holanda, Alemania, Francia y Austria, e incluso en países “con un nivel de desarrollo inferior al de España” como Portugal, Grecia o Rumanía, e insistió en que “culpan de que el problema e la precariedad y la temporalidad de los jóvenes y las mujeres es culpa de os trabajadores que tienen un contrato fijo”, dijo.
Una de las soluciones a esta situación, según explicó Méndez, es el cambio de la “cultura empresarial”, algo para lo que hay una “buena oportunidad” con el proyecto de la ley de Economía Sostenible, porque en España “no ha ce falta una reforma laboral, como pregona la CEOE y el Banco de España”, sino que es necesario una reforma empresarial en la que “el ajuste de las empresas no sea despedir a los trabajadores”, señaló.
Para que España sea un país “competitivo y productivo” hay que trabajar para “no seguir siendo el país campeón de la desregulación y la precariedad laboral, el país campeón de los bajos salarios”, declaró Méndez. Por ello, apostó por “encarar el tránsito de la crisis” de una manera “solidaria”, de forma que no sólo sean los trabajadores quienes “soporten esa carga”. En este sentido, y “a diferencia de crisis anteriores”, alabó el trabajo del Gobierno, por encarar la crisis económica “de manera solidaria y eficiente” por sus compromisos de “mantener la protección por desempleo como prioridad” y por plantear “la nueva prestación de desempleo de los 420 euros”, que fue una exigencia de los sindicatos.
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