El fiscal no pedirá prisión incondicional para los condenados por las tarjetas ‘black’

Tan solo en el caso de Miguel Blesa, quien a su llegada a la presidencia de Caja Madrid en 1996 pervirtió -según el fallo de la Audiencia Nacional- el sistema ilegal de pagos complementarios a consejeros y altos directivos con tarjetas de empresa, el representante del Ministerio Público en esta causa, Alejandro Luzón, se plantea pedir su encarcelamiento provisional, aunque eludible bajo una fianza que a priori pudiera cubrir. Incluso podría extender esa medida al considerado tercer máximo responsable de la trama de las black, en su doble papel de cómplice en su ejecución y colaborador en el disfrute: Ildefonso Sánchez Barcoj, mano derecha de Blesa y luego de Rodrigo Rato.

El motivo que esgrimiría para ello es que ambos tienen un juicio ya en firme pendiente por los sobresueldos irregulares de la caja de ahorros, donde la Fiscalía pide cuatro años de prisión para cada uno por un delito de administración desleal, además de una indemnización solidaria de 8,6 millones de euros. Blesa, con seis años de cárcel, es quien ha recibido una condena mayor por las black, mientras que a Sánchez Barcoj se le han impuesto solo dos años y medio, motivo por el cual en el Ministerio Público se podría desechar finalmente la opción de solicitarle una fianza para permanecer en libertad puesto que solo suelen hacerlo con penas de más de cinco años.

Otros argumentos que está manejando el fiscal son la gravedad de los hechos juzgados -«atentar a los más elementales deberes» con la caja de ahorros, al crear (en el caso de sus máximos responsables) «una situación de riesgo potencial de distracción de fondos»- y el riesgo de que pudieran eludir la acción de la justicia, siempre inherente cuando hay una condena. En este caso habrá de considerarse cuán fuerte es aquel, estimando tanto la importancia de cada pena como las circunstancias del reo, tanto familiares como sociales y, sobre todo, su comportamiento posterior al delito.

Reparación del daño

Otro punto a tener en cuenta es la existencia de otras causas pendientes, distinguiendo si están en fase de instrucción -como ocurre con buena parte de los condenados en el caso Bankia y con Rato en particular en el procedimiento donde se investiga su presunto enriquecimiento ilícito ocultando parte de su patrimonio a Hacienda- o ya se ha dictado la apertura de juicio oral. Y también se valorará si han reparado el daño causado, lo que el tribunal sentenciador sí consideró para atenuar la condena de hasta 29 de ellos aunque, en total, solo se hayan devuelto 1,7 millones de los 12 millones apropiados y no prescritos.

El problema es que precisamente entre los 19 condenados a más de dos años de prisión, quienes tienen más probabilidad de ser sometidos a algún tipo de medida cautelar, solo tres han devuelto todo o parte de los fondos. Son Sánchez Barcoj, Rato y Blesa, aunque en los dos últimos no se consideró como atenuante.

El fiscal pedirá este lunes al tribunal la celebración de una vistilla para demandar esas medidas, que irían desde fianzas hasta retiradas de pasaportes -a Rato ya se le quitó- y personaciones periódicas. Bankia y el FROB, personados como acusaciones particulares, también estan legitimados para solicitarlas.

No es, sin embargo, el caso de la acción popular que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), cuya solicitud puede ser desoída aunque sí tiene derecho a presentarla. Su abogado, por tanto, ha pedido prisión incondicional para Blesa y Rato o, al menos, una fianza importante.