Acuerdo político en la UE para que las renovables supongan el 32% en 2030 y crear un fondo de compensación a las zonas mineras

Al fin y al cabo, negociar es esto. Ahora, tanto la Eurocámara como el Consejo deben ratificar formalmente el acuerdo político. Salvo sorpresa, será un puro formulismo.

Este acuerdo, ha señalado el comisario de Energía, el español Miguel Arias Cañete, es una victoria duramente ganada en «nuestros esfuerzos por liberar el verdadero potencial de la transición de energía limpia de Europa».

En este sentido, ha remarcado que esta nueva ambición ayudará a cumplir nuestros objetivos del Acuerdo de París y se traducirá en más puestos de trabajo, menores facturas de energía para los consumidores y menos importaciones de energía.

«Estoy particularmente satisfecho con el nuevo objetivo europeo del 32%», señaló Arias Cañete, quien recalcó que «la naturaleza vinculante del objetivo también proporcionará certeza adicional para los inversores».

El porcentaje actual de renovables ronda ahora el 17%, de ahí que haber pactado un compromiso vinculante del 32% sea un logro tan loado. Además, Bruselas ha conseguido que las capitales se comprometan a revisar al alza estos objetivos en 2023. Lo que no se ha logrado es establecer objetivos vinculantes para cada Estado miembro, algo que sí existe en la actualidad.

De esta forma, países del Este como Polonia extremadamente carbonizados, tendrán más margen de maniobra. De hecho, el acuerdo alcanzado este miércoles prevé la creación de un fondo para ayudar a las comarcas europeas que peor lo van a pasar a ser muy dependientes del carbón. Unas ayudas de las que se podrían beneficiar las cuencas de León.

Además de la meta del 32 por ciento y la cláusula de revisión al alza, la nueva directiva de renovables reconoce el derecho al autoconsumo y derechos como generar, almacenar y vender el exceso de energía eléctrica, instalar y operar sistemas de almacenaje y recibir remuneraciones por el excedente vertido a la red.

El texto pactado también la enmienda reclamada por la Eurocámara por la que no se podrán aplicar cargos al autoconsumo, como el famoso 'impuesto al sol' en España, aunque esta prohibición sólo se extenderá hasta diciembre de 2026. A partir de entonces, los Estados miembros podrán recurrir a una de las tres alternativas que la directiva contempla para justicar la imposición de estas tasas.

En concreto, podrán gravar el autoconsumo de instalaciones con potencia instalada superior a los 25 kW, de autoconsumidores que reciben ayudas si el impuesto no sea superior al apoyo recibido o si un estudio concluye que la inexistencia de un impuesto amenaza la sostenibilidad nanciera a largo plazo del sistema eléctrico (en caso de que las instalaciones de autoconsumo representen más del 8 por ciento de la potencia total instalada de un país).