Los Presupuestos fían el ajuste del déficit a un alza de ingresos de 14.700 millones

Estos Presupuestos sirven para alimentar el crecimiento económico, la creación de empleo y pone el énfasis en el gasto social, ha señalado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la presentación del proyecto. Sin embargo, también dejó claro que para lograr todo ello es necesario cumplir el déficit con la idea de que en 2018 España salga del programa de vigilancia exhaustiva de la UE al bajar del 3%.

El Gobierno había insistido en que el ajuste presupuestario para cumplir con Bruselas no vendría por el lado de los recortes y confiaba en la mejora de la actividad económica para aumentar los ingresos. Sin embargo, el optimismo en esta materia alcanza cifras muy elevadas. Así, Hacienda estima que la recaudación aumentará un 7,9% hasta alcanzar los 200.963 millones. El propio Montoro ha resaltado que se trata del nivel más elevado desde hace diez años, es decir, previo a la crisis.

La previsión contempla un incremento en la recaudación de todos los tributos, pero especialmente el de Sociedades con un aumento del 12,6% hasta los 24.399 millones. Una mejora relacionada con la eliminación y limitación de una serie de deducciones para las grandes empresas aprobadas a finales del pasado año y que tendrán su impacto en el presente ejercicio. Pese a esta notable mejora los ingresos de este tributo siguen muy lejos de los 44.823 millones registrados en 2007.

Sin impuesto a las bebidas azucaradas

Por su parte, la estimación en la recaudación del IRPF se eleva un 7,7% hasta los 78.027 millones. Una cifra que contrasta con el comportamiento plano del tributo en 2016 motivado por el efecto de la rebaja fiscal-. También el IVA avanza un 7,3% hasta los 67.463 millones con motivo del aumento del consumo. Por su parte, los Impuestos Especiales se elevan un 4,6% hasta los 20.770 millones.

Respecto a la creación del impuesto a las bebidas azucaradas, Montoro ha recordado que los Presupuestos no pueden crear nuevas figuras, pero ha reconocido que la intención del Ejecutivo es aprobarlo más adelante. En cuanto a la fiscalidad medioambiental contemplada en el plan de estabilidad, el ministro la ha enmarcado en el ámbito de la reforma de la financiación autonómica.

En el lado de los gastos del Estado, cuyo límite financiero ya conocido es de 118.337 millones, se incluye los intereses de la deuda, que se sitúan en los 32.171 millones. Esto supone un ligero aumento respecto a la ejecución de 2016 y puede poner de relevancia que la era de los tipos bajos e incluso negativos- puede llegar a su fin.

Préstamo a la Seguridad Social

El Gobierno es consciente de que no dispone de mayoría en el Parlamento para aprobar los Presupuestos. Por ese motivo, en su presentación ha destacado alguna de las medidas de gasto social pactadas con Ciudadanos como una dotación de 342 millones para la protección a la familia y lucha contra la pobreza infantil. También el aumento de los recursos para la Dependencia en 100 millones o el aumento de las políticas activas de empleo en un 5,5%.

Para convencer al resto de partidos de que apoyen los Presupuestos, el ministro de Hacienda ha resaltado algunas partidas como el aumento de la dotación a las comunidades autónomas en 5.387 millones, el incremento para becas y programas de refuerzo escolar un 1,7% o los recursos para la Justicia un 7,6% y de la investigación y el desarrollo un 4,1%.

Además, Montoro ha explicado que contemplan un préstamo del Estado a la Seguridad Social para el pago de las pensiones. El ministro no lo ha cuantificado, pero responde a la necesidad que tiene el sistema para hacer frente a las pensiones en un año en el que está previsto que se agote el fondo de reserva. En cualquier caso, el ministro ha insistido en que las pensiones están garantizadas ya sean a través del fondo o de la emisión de deuda por parte del Tesoro.

Por último, los Presupuestos contemplan la aprobación de la oferta pública de empleo para 2017 que se enmarca dentro de un plan de tres años para convertir en indefinidos al 90% de los trabajadores públicos temporales, lo que afectará a unos 250.000 empleados. Además, se extiende a otros servicios de la Administración General del Estado la tasa de reposición del 100% que permitirá cubrir todas las bajas por jubilación.