Dragados rompe la negociación con Fomento y pide rescindir el contrato de la vía de la variante de Pajares

El bloqueo que sufre la vía desde hace tres años es producto de errores políticos y técnicos, pero tiene también un sustrato económico. Fomento licitó el encargo el 27 de diciembre de 2013 con un precio inicial 15,8 millones y una advertencia. A la hora de elegir al contratista, otorgaría un 75% de la valoración a su propuesta económica, y un 25% a la solvencia técnica. Entonces era la fórmula común de Adif Alta Velocidad, convencida de que así presionaba a los aspirantes a rebajar sus presupuestos y lograban ahorrar dinero de los contribuyentes. De entre los veinte aspirantes al encargo, Dragados fue el que hizo el mayor esfuerzo, asegurando que era capaz de sacar adelante el trabajo por 9,28 millones, un 51,4% más barato del precio estimado como necesario por los propios ingenieros de Adif.

El esfuerzo por reducir los honorarios termina incentivando a los contratistas a explotar cualquier error en el proyecto que permita solicitar un modificado económico y, en este caso, el encargo ya llegaba viciado de origen. El 29 de julio de 2014 empresa y Adif formalizaban un contrato que ambos sabían imposible de cumplir. El documento otorgaba a Dragados quince meses para tender la vía, con licencia para avanzar unidades de obra por valor de 7,4 millones en lo que restaba de año y 1,82 durante 2015.

Error de proyecto y plan

Sobre el papel, la planificación resultaba impecable. El problema es que la variante no ofrecía una plataforma sobre la que ensamblar 16,5 kilómetros de vía simple desde los macrotúneles y continuarlos con otro tramo de 6,3 kilómetros de vía doble. Acciona estaba entonces (y sigue ahora) trabajando para contener la ladera de Campomanes, operación tras la cual rebajará la cota entre Sotiello y Campomanes hasta nivelarla con el resto de la infraestructura. Para colmo, el propio proyecto señalaba que parte de los suministros llegarían una vez terminase el montaje de la vía en el lado leonés, a medio empezar por entonces.

Firmar un contrato que no puede empezarse es siempre una mala idea, porque condena a las partes a renegociarlo. En 2014 la adjudicación tenía la virtud política de permitir que la ministra de turno, Ana Pastor, pudiera sostener en público que ella había resuelto los contratos pendientes, y que ahora solo quedaba esperar a que las empresas cumplieran. «No faltará un euro para terminar la variante», repitió durante años.

El 22 de febrero de 2016 Fomento decretó la suspensión temporal y total del contrato. Asumía que, tras pagar poco más de un millón a Dragados en concepto de acopios y trabajos preparatorios, el encargo no podía llevarse a cabo sin solventar antes la ladera. El 10 de marzo la constructora reaccionó solicitando por primera vez la rescisión del contrato. Tras las llamadas pertinentes, la empresa desistió de su pretensión inicial y dio margen a la negociación. Todo quedaba pendiente de una propuesta de modificado que Adif se comprometió a estudiar, y que compensaba a la empresa por la imposibilidad de recibir la barra larga soldada a través de la vertiente leonesa de la variante, que era la opción recogida en el proyecto.

El dilema de De la Serna

Una vez concluido el montaje de vía en el lado leonés, Adif decidió que no había lugar al modificado, y lo rechazó. El 24 de octubre levantó la suspensión e instó a Dragados a ponerse a trabajar en la parte no afectada por los deslizamientos de ladera. Cuatro días después la filial de ACS replicó con su segunda petición de rescisión de contrato.

En noviembre Íñigo de la Serna desembarcó al frente de Fomento y nombró a Juan Bravo como presidente de Adif. Entre los objetivos que se pusieron se encontraba adoptar una solución al pulso, sea en forma de modificado o de rescisión y nueva licitación. El 21 de enero, en Gijón, el ministro aseguró que «en unos días» estaría cerrado el asunto y traería «buenas noticias para los asturianos». ACS endureció sin embargo su posición, lo que aboca a un retraso que hace ya imposible acabar las obras en 2017, tal y como prometió el Gobierno.