Cacabelos tendrá que derruir la ampliación del cementerio para dar cumplimiento a una sentencia judicial

El Ayuntamiento de Cacabelos tendrá que dejar el cementerio de la villa del Cúa en su estado originario, el que tenía previo a la obra de ampliación realizada durante el mandato del Partido Popular, para dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la que se anula un procedimiento administrativo y un acuerdo plenario de 5 de septiembre de 2013 en el que se aprobó el proyecto de ampliación.

De hecho la sentencia es una ejecución forzosa a raíz de la demanda interpuesta por unos particulares a los que les expropió una parcela de algo más de 800 metros y solo se les pagaron 660, según explicó el concejal socialista Santiago Enríquez, además de que la ampliación no respeta la distancia mínima de cien metros del suelo urbano.

El equipo de Gobierno asegura que esto se podría haber solucionado con anterioridad, pagando la cantidad correspondiente por esos 173,6 metros más, unos 3.796 euros, pero ahora el consistorio pierde los 200.000 euros invertidos en la obra, más el coste que supondrá todo el levantamiento de la ampliación, devolver el cementerio a su estado original y la indemnización a los perjudicados, algo que podría costar más de 50.000 euros.

Ante esto, el alcalde de Cacabelos, Sergio Álvarez, se ha mostrado «harto» de que tengan que pagar las consecuencias de la «mala gestión» del anterior equipo de gobierno del Partido Popular y destacó que la sentencia es «demoledora porque recoge la ilegalidad de un acto chapucero que se arrogó el derecho a expropiar a vecinos más terrenos de los marcados para la expropiación forzosa, un comportamiento megalómano que nos genera pocas dudas de que el PP era conocedor del incumplimiento fragante de la ley sin que por ello le importase seguir adelante».

Por su parte, la edil Susana Vila, señaló que los gastos que se derivan de esta sentencia, y de otras que también se generaron en la etapa de los populares al frente del consistorio, «nos imposibilitan a la hora de poner en marcha proyectos para el desarrollo del municipio. Tenemos proyectos pero tenemos que hacer frente a una serie de gastos y pagos que nos impiden en gran medida el llevar a cabo esos proyectos».

Además, cabe destacar que había un informe municipal favorable al proyecto de ampliación que en estos momentos se encuentra judicializado, al igual que el caso en sí, según explicó el alcalde de la villa.

Con todo ello, el equipo de Gobierno ha exigido la dimisión en bloque de los concejales del Partido Popular, o en detrimento su portavoz y ex alcalde, Adolfo Canedo, así como que paguen de sus bolsillos el coste de la sentencia, algo que solicitarán por escrito.